El Govern ha publicado en internet las declaraciones de bienes de todos sus altos cargos, un ejercicio de transparencia que cabe preguntarse qué grado de eficacia tiene o si sólo es, en algunos casos, un gesto hacia la galería. Dar a conocer los bienes de los políticos poco o nada revela si se desconoce su origen o si no se puede cotejar cuando abandona el cargo, una tarea compleja que no queda solventada con una publicación masiva de datos que puede acabar generando erróneas conclusiones. No se trata de renunciar al control de nuestros responsables institucionales. La cuestión es ejercerlo de manera responsable. No hay ninguna necesidad de descender a algunos detalles de la vida personal cuando se trata de cantidades pequeñas. Sería suficiente con datos más genéricos y centrarse en los casos en los que superan ciertos patrimonios.

Una oficina eficaz. La lucha contra la corrupción es una tarea prioritaria que demanda la sociedad. La experiencia demuestra que los actuales sistemas de control son ineficaces, pero tampoco lo es dar a conocer declaraciones patrimoniales sin que ningún organismo pueda verificarlas y, todavía más importante, contrastarlas en el futuro. En este sentido es precisa la creación de una oficina con capacidad real de comprobación de datos, en el momento de acceder al cargo y cuando se abandona. Sólo así será posible recuperar la confianza ciudadana en nuestros gestores públicos.

Un gesto vacío. La iniciativa del Govern, que amplía otras experiencias anteriores en Balears, queda como una concesión populista que acaba resultando incompleta ya que no alcanza al conjunto de la Administración –Parlament, consells y algunos ayuntamientos sólo han informado de los datos de los políticos. Por tanto, estamos ante un mero apunte oportunista, cuando éste es un tema que merece ser abordado en profundidad por el conjunto de las instituciones públicas de nuestra Comunitat. Los ciudadanos reclaman información pero también garantías y control y eso es aún una asignatura pendiente.