Eivissa10/10/16 0:00
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El dato facilitado por el titular de la Conselleria de Territori, Marc Pons, sobre el elevadísimo grado de morosidad en el parque de viviendas sociales del Ibavi, un 53 por ciento, justifica la adopción de medidas urgentes para corregir esta situación. Los inquilinos de 888 pisos de los 1.805 que son de titularidad autonómica no pagan su renta mensual, incluso otros gastos como los consumos de agua o electricidad. El simple anuncio, durante la pasada legislatura con mayoría del Partido Popular, de que no se tramitaría ningún desahucio por impago disparó una dinámica que, ahora, el Govern se compromete a corregir en aras de una inexcusable transparencia y equidad.

Gestión negligente. La primera duda que asalta al ciudadano es cómo ha sido posible llegar a este volumen de impagos, de qué modo gestiona el Ibavi los inmuebles que tiene arrendados que, conviene tenerlo presente, forman parte del patrimonio público y han sido financiados con los impuestos de los contribuyentes. Hay una evidente negligencia, desinterés e irresponsabilidad ante un problema que lleva años arrastrándose y que confirma lo pésima que es la Administración como gestora; incluso de sus propios bienes. El conseller Pons debe regularizar los alquileres pendientes de todos aquellos inquilinos que incumplen de manera injustificada su compromiso en el momento de la adjudicación, forzando el desalojo legal si es preciso. Es una cuestión de ejemplaridad.

Caso a caso. Todos los indicios apuntan en que muchos recibos pendientes responden a ese clima de impunidad que han asumido muchos inquilinos, hasta el punto de incumplir de manera clamorosa las condiciones de la adjudicación. Sin embargo, los servicios de inspección del Ibavi deben saber detectar aquellos casos en los que la morosidad es una consecuencia de la crisis o de situaciones personales o familiares que la justifican. Con el resto se ha de ser implacable.