Eivissa22/10/16 0:00
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La familia de la niña que fue agredida en el colegio Anselm Turmeda de Palma quiere reactivar a toda costa este asunto, como lo demuestra la batería de querellas que ha anunciado el bufete del abogado Marcos García Montes; las cuales da la impresión que sólo tienen un afán de notoriedad. Es desde todo punto de vista exagerado y desproporcionado, si se considera temerario es una valoración que tendrá que hacer en su momento el juez, plantear que lo sucedido en el patio del centro escolar puede enmarcarse en un homicidio en grado de tentativa, incluso prevaricación y otros tipos penales de los que se quiere responsabilizar a la dirección, profesores y en última instancia la Conselleria d’Educació.

Impacto mediático. La maniobra judicial da la impresión que tiene como principal objetivo prolongar el impacto mediático del caso, no el balde el bufete García Montes –con sede en Madrid– se caracteriza por figurar en aquellos temas más polémicos o con personajes muy conocidos. Resulta evidente que las acciones judiciales que se quieren emprender en poco o nada ayudan a restablecer la calma, la serenidad y el clima de convivencia que necesita cualquier centro de enseñanza. También cabe preguntarse si, en realidad, se está buscando el bienestar la de principal víctima o la obtención de nuevos réditos a su costa.

Hubo errores. La reacción desmesurada de los familiares de la niña no ocultan los graves errores cometidos por la Conselleria d’Educación en todo este episodio, que claramente acabó desbordando a sus responsables en todos los frentes sin que se hayan producido consecuencias. La falta de empatía con el entorno de la víctima, la ausencia de una reacción inmediata con los compañeros que participaron en la agresión –inaceptable con independencia de la nimiedad de su origen–, la incapacidad de tranmitir a la opinión pública una versión razonable de lo sucedido y la tardanza en la reacción final han desembocado en este nuevo e indeseable espectáculo.