Eivissa23/10/16 0:00
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En julio de 2014 este periódico desveló una trama de los concejales del gobierno de Vila en contra de sus propios compañeros y de su propio partido. Se publicaron las conversaciones que mantenían a través del teléfono móvil, donde algunos de los protagonistas utilizaban insultos contra sus propios compañeros o, incluso, frases vejatorias. El grupo Verano Azul representa la etapa negra de la política ibicenca, un episodio que nunca tendría que haber ocurrido. Por eso, PERIÓDICO de IBIZA Y FORMENTERA tiene motivos de satisfacción tras el auto judicial que señala que la difusión de dichos mensajes fue totalmente legal. Ni se invadió ninguna intimidad ni, por supuesto, se utilizó ningún mecanismo ilícito para conseguir los mensajes.

Vergonzoso. Los mensajes que publicó este periódico confirmaron varias cosas. La primera, que los concejales conspiraron para provocar la dimisión de Marienna Sánchez Jáuregui como alcaldesa de Vila. Después de hacer públicos los whatsapps, uno de los concejales admitió la trama. Y los jueces archivaron también el asunto por el cual Sánchez Jáúregui fue obligada a dimitir. Además, la entonces concejala de Cultura, Lina Sansano, fue despreciada por sus compañeros. Sansano recibía insultos y al final su marcha provocó todo el tsunami que vivió el Ayuntamiento de Vila. Por último, la difusión de las conversaciones pusieron en evidencia el talante de uno de los concejales, Nacho Rodrigo, que no tenía reparos en vejar a una compañera ante otros ediles. Las palabras que utilizó Rodrigo no tienen justificación alguna. Aún se esperan sus disculpas por lo que dijo.

Punto y final. Sin duda, la difusión de los mensajes de móvil pusieron punto y final a un etapa negra de la política ibicenca, donde las conspiraciones y las trabas entre compañeros pesaban más que la gestión del día a día. Sin duda, que PREF quedase fuera del gobierno municipal de Vila fue un aspecto positivo para la política municipal. En los gobiernos se puede gestionar bien o gestionar mal, todo dependerá de la capacidad de los políticos, pero perder el tiempo en grupos de whatsapps para insultar a compañeros no tiene justificación alguna. Por eso nos alegramos de que, además de ser una responsabilidad ética para un medio denunciar los excesos de determinados políticos, una jueza haya dicho que fue legal porque permitió difundir información de interés público.