Sorprende que numerosos altos cargos de la Comunitat Autònoma, como los síndics de Comptes (que rozan los 90.000 euros anuales), el jefe de la Abogacía o el máximo responsable del IB-Salut ganen bastante más dinero que los consellers del Govern o, incluso, que la propia presidenta Armengol. Es una situación anómala, ya que lo lógico sería que fuesen el jefe del Ejecutivo autonómico y sus consellers los que más cobrasen. Sin embargo, el propio funcionamiento de la Comunitat Autònoma requiere de personas de alta cualificación en los puestos técnicos más sensibles y delicados, y el incentivo económico es fundamental para que los ocupen personas de prestigio, con responsabilidad y conocimientos incuestionables.

Solidez administrativa. No hay institución que funcione correctamente sin unas estructuras fuertes, bien gestionadas y con capacidad de respuesta en las coyunturas complejas. Un conflicto en un organismo básico, desde la Sindicatura de Comptes hasta el IB-Salut, podría conllevar disfunciones importantes que dañarían al conjunto del autogobierno. Es fundamental que estas personas estén bien pagadas porque su tarea requiere capacidad y solvencia. Estos organismos deben seguir funcionando como un reloj por encima de crisis de gobierno o de cambios políticos durante la legislatura.

El sueldo de la presidenta. Puede parece contraproducente que la presidenta Armengol, con sus 65.584 euros anuales, tenga un sueldo inferior al del jefe de la Abogacía de la Comunitat en más de 20.000 euros. Pero un presidente está sujeto al principio de la ejemplaridad. Está obligado a demostrar al conjunto de la ciudadanía que no ocupa su puesto por dinero, sino por afán de servicio. Tal actitud generosa infunde respeto y reconocimiento, porque sus decisiones afectan a todos y sus actuaciones se deben al interés general. Presidir una comunidad entraña a veces un sacrificio económico. De ahí su grandeza.