El notable incremento en el número de renuncias a las herencias recibidas durante la última década en Balears, un 300 por ciento, es el reflejo directo de algunos factores que deben ser tomados muy en cuenta por la Administración, tanto autonómica como estatal. No sólo la crisis ha incidido de una manera determinante en este proceso; también influyen otros factores, como puede ser el de la presión fiscal. En los últimos años se ha casi duplicado el importe de la liquidación tributaria por este concepto, alcanzando una media de casi diez mil euros. No cabe duda de que no todos los contribuyentes están en condiciones de hacer frente a estos costes.

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Revisar los tipos. La progresividad actual, que grava las herencias más elevadas, sigue siendo un obstáculo que debe ser objeto de análisis; no en balde la recaudación global ha descendido un 28 por ciento en el último ejercicio, según los datos de la propia Conselleria d’Economia i Hisenda. El escenario obliga a un replanteamiento de la estructura impositiva vigente, no tiene sentido aumentar las liquidaciones individuales para que al final las arcas autonómicas acaben teniendo una merma de ingresos. Es una cuestión de eficacia la que debe regir la gestión de los recursos, en este caso los procedentes de las herencias mediante el impuesto de sucesiones y donaciones.

Evitar el inmovilismo. Ante un fenómeno como el que se detecta desde la propia Administración, carece de sentido no revisar la situación actual en la liquidación de este tributo. No querer introducir ninguna modificación supone admitir una dinámica que, a la vista está, pone como principal perjudicada a la propia Comunitat Autònoma, además del creciente número de contribuyentes que optan por renunciar a la herencia por no poder hacer frente a sus costes. El impuesto de sucesiones y donaciones es uno de los más arraigados socialmente, pero requiere su modernización y adaptación a los tiempos actuales si no quiere acabar perdiendo su sentido.