Este periódico ha venido informando en los últimos días de un problema que no es nuevo en Ibiza. Con el inicio de la temporada se están detectando casos de ocupaciones de edificios de forma ilegal y que dañan gravemente la imagen de Ibiza. Mientras algunos dirigentes políticos insisten en demonizar el turismo y llegan a pedir que no vengan más turistas, sorprende que las ocupaciones de casas no merezcan la más mínima actuación política. ¿Es esta la Ibiza que quieren nuestros políticos? ¿Edificios ocupados que crean graves problemas de convivencia en nuestra sociedad, donde se realquilan habitaciones y se trapichea con droga?

Falta de vivienda. La ocupación desmesurada de viviendas desocupadas en Ibiza es una consecuencia de los precios desorbitados de los alquileres. Muchas personas no pueden acceder ahora a una vivienda ni siquiera con su propio salario. El problema se produce cuando hay trabajadores que vienen a la isla y no tienen la posibilidad de alquilar una habitación, bien porque los precios también están por las nubes o, simplemente, porque no hay en el mercado. Y muy poco han hecho las administraciones al respecto, más allá de perseguir de forma errática el alquiler turístico sin que se vea ningún avance. En los últimos años ha habido más ocurrencias que soluciones prácticas desde las administraciones.

Problema social. El problema ahora es la falta total de respeto por la propiedad privada. Es sorprendente que un grupo hotelero intente rehabilitar un edificio y que no pueda porque está ocupado por decenas de personas. Dicen que la ley lo permite y que cuando se ocupa una vivienda el propietario no puede hacer nada. Pues sería urgente que los políticos, además de discutir sobre temas menores, se dedicasen full time a este problema, que amenaza gravemente la imagen de una isla como Ibiza, que, guste o no, vive del turismo. Y que precisamente intenta vender una imagen de turismo de lujo para poder sacar un rendimiento social de estos visitantes. Pero lamentablemente se ha instalado en la isla una cultura de ataque a la propiedad privada que opera con impunidad. Y muchos políticos, callados.