El Govern tiene elaborado un anteproyecto que establecerá una vigilancia mucho mayor para las viviendas de protección oficial que se construyan en el futuro. A diferencia de la normativa estatal, los pisos VPO baleares tendrán cláusulas antiespeculación aunque hayan transcurrido treinta años desde que fueron adquiridos. Es lógico que se establezca esta diferencia con la Península, porque en el Archipiélago el territorio urbanizable es cada vez más escaso y lo primordial es que existan domicilios a precios accesibles para las jóvenes generaciones de isleños.
Más sensibilidad. El Govern dejará de tener el control de 3.000 viviendas protegidas al final de esta legislatura. Mientras no se apruebe la normativa actualmente en tramitación, estos pisos podrán venderse o alquilarse a precio de mercado porque sus titulares ya han superado el cupo de años bajo control, que son un máximo de treinta. De cara al futuro, se impone más sensibilidad para favorecer que los jóvenes puedan fundar una familia. Y eso pasa por extraer recursos de donde sea posible para construir nuevas viviendas VPO. Este objetivo debería convertirse en prioritario para un Govern progresista. No deben escatimarse esfuerzos ante Madrid para conseguir los máximos recursos posibles.
La oferta pública. La sociedad balear aún no ha superado el trauma de los años de la burbuja inmobiliaria, del frenazo súbito y traumático de este sector y de la creación del ‘banco malo’ cuando la maquinaria del mercado se ha vuelto a poner en marcha a un ritmo incontenible. Los precios de los inmuebles y de los alquileres vuelven a ser enormes, inasumibles para las nuevas generaciones. Se impone una oferta pública de viviendas protegidas que mire hacia el futuro. Está muy bien que se aprueben leyes adaptadas a la realidad balear, pero lo que hacen falta son inversiones con visión social o el problema irá agravándose de manera muy preocupante.
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