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El informe jurídico del Ministerio de Cultura sobre la proposición de ley que tramita el Parlament y que pretende regular las corridas de toros en Baleares es demoledor: el articulado de la ley invade las competencias del Estado y vulnera el marco constitucional. La advertencia del Gobierno central es clara. Si no hay un cambio radical de los planteamientos de los grupos del Pacte, promotores de la norma, se producirá la suspensión cautelar y un largo proceso ante el Tribunal Constitucional hasta que se resuelva si los toros ‘a la balear’ acaban siendo o no una realidad. La posición de los funcionarios de Madrid era previsible desde el primer momento, circunstancia que avala que la propuesta del Pacte es más un gesto político que un planteamiento realista respecto a la continuidad de las corridas de toros en las Islas.

Un debate social. No cabe duda de que hay un amplio debate social sobre las corridas de toros, un espectáculo de enorme tradición y arraigo en España pero que, y es justo reconocerlo, ha perdido muchos aficionados en Balears. El número de festejos taurinos se ha reducido en los últimos años, debido a la falta de interés por parte de los sectores más jóvenes de la sociedad y a la presión de los grupos animalistas. En este contexto hay que enmarcar la proposición de ley redactada por el Pacte, que lleva al ridículo el concepto de la corrida de toros introduciendo unas modificaciones ‘a la balear’ totalmente absurdas.

Control riguroso. Tanto desde el ámbito municipal como autonómico hay herramientas administrativas que permiten ejercen un control riguroso sobre los espectáculos taurinos, velando por la adecuación de las instalaciones como en todos aquellos aspectos que hacen referencia a los animales. Las corridas son un espectáculo tutelado por el Estado –tiene un severo reglamento–, al contrario de otros en los que hay un evidente maltrato de los toros; más cuando se dejan a merced de una turba incontrolada.