Eivissa22/06/17 4:00
TW0

El ministro de Hacienda y Función Pública, Cristóbal Montoro, preopuso ayer en el Congreso la modificación de la Ley General Tributaria para que queden prohibidas de manera expresa en el futuro nuevas amnistías fiscales. La medida se produce tras la reciente sentencia del Tribunal Constitucional que anuló la regularización fiscal de 2012 que el propio Montoro defendió, una medida que generó una importante contestación y críticas por parte de los grupos de la izquierda. Con todo, las amnistías fiscales han permitido aflorar bienes por un importe de 46.025 millones de euros que hasta entonces permanecían ocultos al fisco español.

Un mecanismo injusto. El procedimiento de la amnistía fiscal genera un importante agravio entre aquellos contribuyentes que cumplen con los deberes fiscales y quienes, por regla general sociedades y grandes frotunas, utilizan formulas que les permiten enmascarar en los paraísos fiscales sus importantes beneficios. La fórmula del perdón fiscal ha sido utilizado por el Gobierno en diversas ocasiones, con independencia de su color político, ante la evidencia de no poder controlar este tipos de operaciones. De lo que no cabe duda es que este tipo de regularizaciones no pueden ser utilizadas como un recurso habitual, es una evidente quiebra al trato ecuánime que Hacienda debe dispensar a todos los contribuyentes.

La cooperación internacional. Montoro considera que las nuevas medidas que aplicará la Unión Europea, cuando en 2018 entre en vigor el intercambio automático de información fiscal en un gran número de países –incluídos la mayoría de los considerados hasta ahora paraísos fiscales–, harán innecesaria la opción de la amnistía fiscal para sacar a la luz estos capitales que huyen de la tributación. La apuesta es razonable, pero también el escepticismo no se disipa con este mero anuncio. Acabar con el fraude fiscal necesita algo más que deseos.