Eivissa28/06/17 4:00
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La detención de los padres y un hermano del exdiputado del PP Alvaro Gijón, que mantiene su acta en el Parlament como integrante del Grupo Mixto, dictada por el titular del Juzgado de Instrucción número 12 de Palma, Manuel Penalva, como consecuencia de las pesquisas del llamado ‘caso ORA’ –que investiga una supuesta trama corrupta en la adjudicación de este servicio municipal–, ha causado una lógica conmoción política y social en Balears. El juez Penalva es el mismo que tiene a su cargo el ‘caso Cursach’, en el que también figura como implicado el mismo Gijón, junto con José Maria Rodríguez y numerosos agentes de la Policía Local palmesana. El ingreso en los calabozos de los familiares del político, también edil en Cort, se produce pocas horas después de las declaraciones de éste en las que defendía su inocencia y cuestionaba el papel del juez y fiscal en los asuntos que le concernían.

Presión judicial. No cabe duda de que la detención de los padres y el hermano de Álvaro Gijón añade más presión todavía sobre el diputado que ayer abandonó las filas del PP, una maniobra que se justifica por las sospechas de su participación en el blanqueo de las supuestas comisiones, por un importe de 1,2 millones de euros, que se repartieron él y Rodríguez por la adjudicación fraudulenta de la zona azul de Palma. Del resultado de los registros apenas han trascendido datos que ratifiquen los indicios policiales, pero cabe cuestionar si el paso por los calabozos –hoy está previsto que pasen a disposición judicial– ha sido una medida desproporcionada; más teniendo en cuenta que ‘caso ORA’ está abierto desde noviembre del año pasado.

Efecto político. Gijón continúa en las instituciones, pero alejado del PP, la formación que reclama sus escaños en el Parlament y Cort. La derivada política del ‘caso ORA’ cobra fuerza en un tema, como ya sucede en el ‘caso Cursach’, en el que aparecen formas cuanto menos cuestionables de entender una instrucción judicial.