La alarma volvió a saltar el jueves cuando el alcalde Rafa Ruiz dijo en el pleno que el emisario de Talamanca se había vuelto a romper. Vecinos y empresarios de la zona, que recibieron la noticia con hartazgo y resignación, casi han perdido la cuenta de las veces que esta tubería se ha roto en los últimos diez años, el tiempo que llevan reclamando sin descanso que se saque el emisario de la bahía. En octubre de 2015, la paciencia de esta asociación se acabó y decidieron denunciar ante Fiscalía al Govern por la situación en la que se encontraba el emisario de la zona y por los habituales vertidos fecales del mismo. Precisamente, sólo en 2015 se contabilizaron cuatro rupturas de la instalación, la mayoría causadas por una brida en mal estado.

Emergencia. A finales de 2015, el Ejecutivo autonómico adjudicó por urgencia la redacción del proyecto del nuevo emisario con una duración de seis meses. El 17 de junio del año pasado se declaró la emergencia para sustituir la tubería por una infraestructura nueva que sale por la zona de es Botafoc conocida como ‘la sala’. Dado este paso por parte del Govern, en diciembre del año pasado la asociación retiró la denuncia ante Fiscalía. Durante todo el invierno, los accesos a Talamanca y los muelles de es Botafoc han visto cómo se trabajaba para dar forma y vida al nuevo emisario de la depuradora de Vila, que ha sustituido ya este fin de semana al viejo. Una infraestructura sobre la que están puestas todas las esperanzas para que Talamanca y su bahía cierren una etapa negra en su historia.

Nuevos retos. Ahora el reto de esta asociación de vecinos y comerciantes se centra en conseguir que se regulen los fondeos en la bahía, que llega a albergar más de 200 embarcaciones fijas en verano. El Ayuntamiento de Eivissa anunció el año pasado que impulsaría un plan de fondeos en la bahía para este verano, pero no ha sido así debido a la tramitación burocrática en la que intervienen Vila, Govern y Demarcación de Costas. La previsión municipal es que el proyecto vea la luz en 2018 o 2019. Mientras tanto, vecinos y empresarios se mantienen vigilantes para que las administraciones cumplan su palabra.