Eivissa14/07/17 4:00
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El dictamen del Consell Consultiu, pendiente de redacción definitiva, sobre la futura Llei de l’Habitatge ofrece serias dudas sobre la constitucionalidad de algunos de sus artículos; en concreto, aquellos que señalan la obligación de las entidades financieras de ofrecer en alquiler los inmuebles a desahuciar por el impago de hipotecas o la expropiación temporal –a los bancos y promotores–, por parte del Govern, de aquellos que llevan más de dos años desocupados para ofrecerlos como vivienda social. El Tribunal Constitucional ya se ha pronunciado en contra de medidas similares en Andalucía. No parece ser éste el camino, como algunas fuerzas políticas plantean, para resolver el problema de la vivienda en Balears.

Pugna política.
El Pacte está debatiendo medidas políticas para acometer uno de los temas más preocupantes de la sociedad balear en estos momentos, como es el de la necesidad de contar con viviendas a precios asequibles. Més se apoya en las disposiciones de la Llei de l’Habitatge y Podemos aboga por las restricciones al alquiler turístico en los edificios plurifamiliares. Cabe señalar que ambos textos tienen serias advertencias de inconstitucionalidad del Gobierno central.

Vivienda pública asequible.
Tratar de derivar en los propietarios de los inmuebles –sean entidades financieras, promotores o particulares– la responsabilidad en la solución del problema de la vivienda existente en las Islas es inadmisible. Es la Administración –el Govern y los ayuntamientos respectivos– la que debe tomar la iniciativa en este terreno. Son los poderes públicos los que tienen capacidad instrumental y financiera para resolver esta situación, más allá de las meras declaraciones de intenciones. Son miles de metros cuadrados de solares de titularidad pública que pueden ofrecerse para la construcción de viviendas a precios asequibles, pero es evidente que no hay voluntad política de hacerlo.