Da la sensación de que solo Biel Barceló, conseller de Turisme, es consciente de la gravedad que supone tener una ley como la de pisos turísticos que incluso antes de salir publicada en el BOIB no sirve para nada. Tal y como está ahora mismo redactada la ley el Govern no se puede sancionar a las plataformas que alquilan los pisos turísticos. Tampoco los propietarios que rentan este tipo de viviendas está incumpliendo la ley, y todo gracias al limbo jurídico que ha provocado la aprobación de una normativa inútil, confusa, y esperpéntica que debía avanzar en una problemática que afecta a miles de personas que no encuentran una vivienda a unos precios razonables.

Podemos, sin autocrítica. Da la sensación, como decimos, que el Govern sí es consciente del lío jurídico que ha armado con esta ley que se aprobó el martes, y por ello Biel Barceló pidió disculpas a los ciudadanos. Es un detalle por su parte, pero quizás el actual conseller de Turisme hubiese tenido que asumir responsabilidades políticas hace tiempo. Tras el escándalo del ‘gurú’ electoral la esperpéntica ley de pisos turísticos fallida daña la imagen de un conseller cuya credibilidad está por los suelos. Sin embargo, hay otro responsable muy claro. Podemos no ha sabido mesurar su postura, ha votado más de cara a la galería y que con responsabilidad. Y el resultado ha sido una ley que no permite sancionar a nadie. Imaginamos que eso no es lo que quería Podemos, sobre todo cuando la vicepresidenta del Consell, Viviana de Sans, se queja de que no hay más inspectores para localizar los pisos turísticos. Paradojas de la política. Podemos propicia una ley que no permite sancionar pero luego se queja de que no hay inspectores para sancionar. Pese a ello, ni un ápice de autocrítica.

Responsabilidades. Sin duda, no estaría de más que el diputado ponente de la ley, el ibicenco Salvador Aguilera, también asumiese responsabilidades por el bodrio legislativo que ha propiciado su partido político y él especialmente. Sin embargo, Aguilera prefiere sacar pecho y presumir de unos logros en materia de vivienda que, con la actual normativa, no se han producido.