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Es harto conocido que lograr arrancarle al Gobierno central una financiación un poco más justa para Balears constituye un esfuerzo titánico por parte del Govern que a menudo se ve escasamente recompensado. Es en este contexto que se ha de inscribir la actual reclamación del Consolat para controlar el 75 % del IRPF en vez del 50 actual y otras medidas, como tener libertad para cambiar las asignaciones que reciben la Iglesia y las organizaciones sociales, es decir, el dinero que reciben en función de la equis que marcan los contribuyentes. ¿Qué pretende el Govern? ¿Favorcer a las entidades sociales en detrimento de la Iglesia? De cualquier modo, no deja de ser una petición de cara a la galería ya que es prácticamnte imposible que la propuesta balear obtenga el respaldo necesario.

Un buen negocio para el Estado. Las Islas son un indudable negocio para las arcas del Estado. Cumplidoras como nadie, hace unas pocas décadas Balears encabezaba la renta familiar per cápita de España. Ahora ya hay otras autonomías, comenzando por Madrid, que han superado al Archipiélago, que ha doblado su población residente y sus enormes problemas en sólo cuarenta años. Es hora de que se haga justicia. Tanto en lo que se refiere a mejora de financiación como al desarrollo del régimen especial. Es precisamente el Régimen Especial de Balears el instrumento adecuado para que se reconozca la singularidad de las Islas ante un sistema poco transparente, desigual y defectuoso, según afirman los propios expertos del Govern.

Unidad institucional y social. Una financiación justa y un régimen especial digno sólo llegarán si los isleños hacen piña, si hay capacidad para unir a las instituciones y organismos, a partidos y agentes sociales. Si todo se reduce al archisabido peregrinaje a la capital para arañar lo que se pueda, la situación de desventaja continuará y no se podrán acometer los grandes objetivos en bienestar e infraestructuras que Balears necesita.