El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, desveló el jueves la reacción del Estado al desafío independentista del Parlament catalán. Todos los recursos judiciales contra la ley del referéndum y el decreto de convocatoria firmado por el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, y todo su Govern, han sido activados con urgencia: recursos ante el Tribunal Constitucional y querellas de la Fiscalía General del Estado. El objetivo de la estrategia gubernamental no es otro que deslegitimar una consulta que está fuera del marco jurídico español, además de reiterar que en ningún caso llegará a celebrarse la votación convocada para el 1 de octubre.

Unilateralidad catalana. Desde Catalunya se mantiene inalterada la hoja de ruta hacia el referéndum. De nada han servido las advertencias desde las diferentes instancias del Estado. El desafío y la desobediencia no admiten matices. El temido choque de trenes se produce con toda la violencia política. No ha habido ningún amago de frenada desde el Gobierno o desde la Generalitat. Buena prueba de ello son los caóticos plenos del Parlament catalán en los que mayoría y oposición se enredan, durante horas, en los resquicios reglamentarios hasta ofrecer un lamentable y bochornoso espectáculo con la cara más desagradable e inútil de la política.

Un pulso personal. El 1-O se está convirtiendo en un pulso personal entre Rajoy y Puigdemont en el que la existencia o no de las urnas en la calle ese día marcará la victoria de uno u otro. Las maniobras de ambos líderes dejan claro que el diálogo ya no es posible. Desencallar esta situación requiere la presencia de puntos de vista nuevos e imaginativos para resolver un conflicto que nace –y conviene tenerlo presente– en la desnaturalización de la reforma del Estatut, que aprobaron los catalanes y rebajaron el Congreso y el Tribunal Constitucional a demanda del PP. Las consecuencias las vemos ahora.