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El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, anunció ayer la activación del artículo 155 de la Constitución en unos términos sorprendentes por su contundencia. Lejos de plantear una intervención de perfil bajo, desde La Moncloa se ha optado por bloquear la Generalitat apartando a todos sus dirigentes, empezando por el president, Carles Puigdemont, –cuyas funciones serán asumidas por el propio Rajoy– y al resto de integrantes del Govern. De todos ellos se propone su cese por acuerdo del Senado. Incluso el Parlament catalán verá mermadas sus competencias. La tutela de Madrid sobre la autonomía de Catalunya no admite resquicios, incluso alcanza los medios de comunicación de titularidad pública, televisión y radio; una medida que alimenta la sospecha respecto a las verdaderas pretensiones de la decisión.

Respaldo interno y europeo.
Rajoy cuenta con el sólido apoyo del PSOE y C’s para afrontar este reto secesionista de Catalunya, además del apoyo unánime de la Unión Europea y las principales instituciones continentales. Esta es una de las bazas que explica el alcance de la aplicación del artículo 155 de la Constitución planteado por el Gobierno, aunque algunos especialistas cuestionan la constitucionalidad de determinados preceptos. Con todo, para el regreso a la legalidad de la Generalitat, el presidente se comprometió a la convocatoria de unas nuevas elecciones en el plazo máximo de seis meses; la última baza del Gobierno para reconducir el conflicto si las fuerzas no independentistas obtienen la mayoría.

La independencia como respuesta.
La réplica del presidente Puigdemont a la decisión del Gobierno central permite vislumbrar que la Declaración Unilateral de Independencia (DUI) de Catalunya es una cuestión de días, aunque sólo pueda tener un carácter testimonial a tenor de las advertencias del fiscal general del Estado por las responsabilidades penales que ello conllevaría. Aunque pueda resultar inexplicable, a medida que avanza el tiempo más lejos está la solución al problema.