El ingreso de prisión incondicional del exvicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras y siete exconsellers ha provocado una conmoción política y social en Catalunya, donde las reacciones de rechazo a la decisión tomada por la jueza de la Audiencia Nacional Carmen Lamela arrecian desde todos los estamentos. Este escenario es, sin duda, el más adverso de los que podía haber previsto el Gobierno central por las consecuencias negativas que puede tener en el bloque constitucional (PP, PSOE y Ciudadanos) en el caso de que no ceda la tensión actual. La enorme presión judicial que ejerce la Fiscalía sobre los responsables institucionales del proceso soberanista catalán corre el peligro de aguar el efecto de la convocatoria electoral del 21 de diciembre, realizada ya por el presidente Rajoy.

Candidatos encarcelados
El expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont declaró anoche a la televisión pública belga que él esta dispuesto a encabezar una lista electoral el 21-D, circunstancia que podría darse desde la prisión cuando se tramite la orden internacional de detención. Junqueras, líder de Esquerra Republicana, podría ser otro candidato que se presentase desde la cárcel. Incluso se baraja la opción de listas unitarias al frente de las cuales se situarían ‘los Jordis’; también encarcelados por orden de la jueza Lamela. Todas estas alternativas en nada propician la distensión y la celebración en un ambiente de normalidad las elecciones autonómicas.

Internacionalizar el conflicto
La presencia de Puigdemont en Bruselas tiene como objetivo central lanzar el mensaje de la causa independentista en el corazón de Europa, un pulso en el que el Gobierno tiene mucho en juego; casi tanto como en clave interna. Las próximas semanas serán decisivas para determinar el rumbo que toma la política catalana, muy condicionada por los movimientos tácticos que realicen sus principales actores. Cualquier error apenas podrá ser rectificado.