Cuando falta aproximadamente un año para que se disuelva el Parlament y se convoquen elecciones autonómicas y municipales, las encuestas son un elemento demoscópico esencial para cualquier formación política, que permite tomar decisiones de estrategia electoral dependiendo del resultado que aquellas arrojen. Evidentemente, los sondeos no son más que una foto fija de un momento preciso, que además y como dicta la experiencia, no son infalibles en absoluto. Pero tampoco son un elemento valorativo que se pueda despreciar.

Empate entre la derecha y la izquierda.

Los resultados de la encuesta de intención de voto del IBES, publicada por Periódico de Ibiza y Formentera, evidencia el empate en Ibiza entre el electorado de centro derecha (PP y Cs) y el de izquierdas (PSOE y Podem). Los seis diputados que conseguirían PP (5) y Ciudadanos (1), son igualados por los seis del bloque de izquierdas formado por PSOE (4) y Podem (2). Sin embargo el PSOE sale fortalecido tanto por haber conjurado la amenaza del temido ‘sorpasso’ de Podem y también por la positiva valoración del presidente del Consell d’Eivissa, Vicent Torres, quien ha logrado salvaguardarse de las polémicas en que se han visto envueltos sus socios de Podem-Guanyem. Está claro que el gobierno del Consell no acusa un importante desgaste que, si acaso, recae en Podem.

El desplome de Gent per Formentera.

Como suele suceder, la mayoría absoluta de GentxFormentera genera un desgaste que se traduce en la pérdida de nada menos que un 10% de los votantes. Pese a ello, sigue siendo la formación más votada y por tanto, lograría el diputado autonómico. Pero más convendría a la formación que gobierna en Formentera, en lugar de cuestionar los resultados de la encuesta publicada, analizar las razones de este monumental descalabro. Su deriva a favor del independentismo en Cataluña, los escándalos relacionados con el otorgamiento de contratos al gurú electoral de Més per Mallorca, Jaume Garau; y el aún más escandaloso caso de la contratación de un gabinete de arquitectura en Rotterdam, cuyos responsables están emparentados con un alto cargo del Consell, entre otros, son episodios que tienen un inevitable coste electoral.