Este periódico informaba ayer en exclusiva que el presidente del Consell de Formentera, Jaume Ferrer, y el gerente de la institución, Isidor Torres, tendrán que declarar como investigados por la ejecución del bolsín de bomberos. Este procedimiento judicial se produce tras una primera sentencia condenatoria en el procedimiento administrativo iniciado por uno de los trabajadores afectados. El juzgado Contencioso Administrativo número 2 de Palma condenó al Consell a reconocer la contratación del afectado, además de pagarle algo más de 80.000 euros. La sentencia también anulaba los nombramientos de dos bomberos que accedieron a la plaza a la que aspiraba el demandante.
Otra declaración judicial.
Por lo tanto, en primera instancia los jueces dieron la razón al demandante y en esta segunda fase judicial se dictaminará si el presidente del Consell y el gerente han cometido un presunto delito de prevaricación. Este nuevo asunto vuelve a enviar a los juzgados a miembros del gobierno insular, que en esta legislatura no han dejado de pisar las dependencias judiciales por uno u otro asunto.
Una gestión peculiar.
No es la primera vez que desde este periódico se advierte sobre la forma peculiar con la que se gobierna el Consell de Formentera, y recordemos que este medio ya denunció que la institución había contratado hasta en tres ocasiones al despacho de arquitectos del cuñado y la hermana de Isidor Torres, con sede en Rotterdam, sin concurso público. En lugar de asumir el error, Torres arremetió contra este periódico. Pero ahora no se trata de una batalla entre Torres y este medio. En esta ocasión Torres y Ferrer deberán defenderse de un delito de prevaricación teniendo en cuenta, además, que en primera instancia el Consell perdió la batalla judicial. Pero es cierto que les asiste la presunción de inocencia, mientras no se demuestre lo contrario y así se declare por un tribunal.
2 comentarios
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Valeriano, recuerde usted por favor, que todo este asunto judicial parte de la denuncia de un perjudicado y por tanto, víctima del presunto delito que se imputa y es el propio Tribunal de lo Contencioso el que deduce testimonio en favor de los Juzgados de Guardia del ámbito penal. Opinar si, es posible y de echo favorece a la democracia, pero faltar a la verdad de manera tendenciosa....... tengo mis dudas. ¿Es que la persona que se considera perjudicada en un concurso público no tiene derecho a reclamar sus derechos? ¿Es mejor el método de contrato a dedo o de libre designación? Piénselo por favor.
Esta molt clar, si no es pot guanyar per lo civil s’intente per lo criminal, ses forces armades de se drete inventen i tornen a inventar ses mil i una per desbancar aquest govern, pero no podran.