Este periódico les viene informando de las presuntas irregularidades en torno a la construcción en Cala Vedella, en el municipio de Sant Josep, de 64 inmuebles con licencia municipal para estudios de uso comercial, más 38 locales-taller, 63 plazas de aparcamiento, otros tantos trasteros y piscina comunitaria.

Se trata de una promoción bautizada como ‘Vadella 64’ que pese a la licencia que le fue concedida en 2003 y a que el planeamiento urbanístico no admite el uso residencial en aquellos terrenos, se comercializa como viviendas de lujo de entre 100 y 200 metros cuadrados, con precios a partir de 925.000 euros.

La Justicia investiga.

El caso, sumamente sospechoso, llegó hasta el Consell d’Eivissa, que lo puso en manos de la Fiscalía en abril del año pasado. Además, la institución insular denegó 15 cédulas de habitabilidad solicitadas por el promotor en enero, de lo que se informó al juzgado de instrucción número 3 de Ibiza, competente para investigar si se han cometido ilícitos de relevancia penal.

Hay mucho que aclarar porque no parece lógico que se permita comercializar viviendas donde no puede haberlas. Y tampoco que la Administración no actúe paralizando una promoción que no parece ajustarse a la licencia otorgada en su día para uso comercial y no para uso residencial.

Uso comercial o uso residencial.

El Ayuntamiento de Sant Josep defendió ayer su actuación en base a que se ha hecho «un seguimiento estricto» con al menos «una decena de inspecciones» por parte de los servicios municipales de Urbanismo. El consistorio afirma que «las obras ejecutadas se ajustan al proyecto», pero ello colisiona con la opinión del Consell d’Eivissa, que afirma reiteradamente lo contrario y, además, ha llevado el asunto a la Fiscalía.

Además, se defiende que sobre el uso comercial del inmueble, el Ayuntamiento no puede actuar «preventivamente». Así que, según parece, habrá que esperar a que haya familias viviendo allí para hacer algo. Los desmanes urbanísticos que históricamente se han perpetrado en Sant Josep no pueden repetirse y ha de quedar claro que el incumplimiento de la normativa no queda impune.