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El anteproyecto de la futura Llei Agrària al que el Govern le dará luz verde mañana, reforma la aprobada la pasada legislatura por el Partido Popular, texto que, conviene recordarlo, contó con un amplio apoyo del sector. El nuevo texto introduce algunas novedades significativas que, con seguridad, generarán polémica. En este sentido, una de las más llamativas es la creación de las reservas de suelo agrario, cuya delimitación se quiere derivar a los consells, en las que se niega la posibilidad de cualquier cambio de uso. No cabe duda de que esta es una de las apuestas más novedosas de la futura ley que inicia su tramitación parlamentaria.

Nuevas ayudas.
La propuesta legislativa del Govern también contempla una redefinición de la figura del payés, al que se le quiere reconocer el papel determinante en la conservación del paisaje en Balears. La apertura de nuevas líneas de ayuda, en sintonía con esta labor, es indudable que puede generar una dinámica positiva en un colectivo que ha sido históricamente agraviado. La nueva lectura del sector primario a la que obliga el anteproyecto debería ser un punto y aparte en el concepto económico y social de las explotaciones agrarias, trascendental en el caso de Balears como se ha reclamado en numerosas ocasiones. Modernizar la agricultura y la ganadería también debe alcanzar los valores conceptuales.

El aprovechamiento turístico.
La explotación turística del campo balear queda, según la propuesta inicial, bastante acotada con respecto a la vigente ‘ley Company’; otro de los puntos que es probable que genere inquietud entre los agricultores y ganaderos. En este sentido sería interesante lograr un punto de equilibrio y acuerdo con los afectados. Las rentas complementarias, como las derivadas del turismo, es fácil adivinar que son importantes para asegurar la supervivencia de las explotaciones. De poco o nada servirá una Llei Agrària que no resuelva los problemas del campo balear, que de eso se trata.