Eivissa17/06/18 4:01
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Hace años que los empresarios denuncian que uno de los principales problemas que existen en la economía pitiusa es la competencia desleal que general el intrusismo. Mucha gente se cree con el derecho de llevar a cabo una actividad determinada y hacerlo al margen de la legislación, sin los permisos pertinentes, sin pagar impuestos, sin cotizar a la seguridad social y además, perjudicando gravemente a quienes lo hacen de forma legal. Este es un gran mal que se sufre en Ibiza y Formentera donde prolifera esta forma de conducirse por parte de desaprensivos que vienen en la temporada turística y camuflados entre la multitud hacen de su capa un sayo. Este comportamiento se da en la hostelería, en el transporte, en el cátering y también en el ocio y en muchos otros sectores.

Perseguir a los legales.
Lamentablemente las instituciones nunca se han tomado muy en serio esta problemática. Seguramente porque hacerlo supone dedicar muchos esfuerzos y recursos para combatirla. Y siempre es más fácil acribillar a inspecciones a quien tiene un establecimiento o un negocio abierto y de cara al público y someterle a todo tipo de exigencias y condiciones, que investigar a aquellos que lo hacen de forma oculta y soterrada. De este modo se da la paradoja de que quienes cumplen con la Ley se ven más apremiados por la Administración que aquellos que no lo hacen. Esta situación es la que actualmente atraviesan muchos empresarios en las Pitiusas, que se plantean cerrar porque sencillamente ya no han de competir contra la oferta ilegal, sino que además están en el punto de mira de los inspectores municipales y de la Policía Local.

Cumplir la Ley.
Está claro que todo el mundo debe cumplir con las obligaciones que la Ley establece, pero todo el mundo. Lo que no es admisible es que por pura comodidad, la Administración acabe haciendo la vida imposible a quienes están abiertos al público y trabajando lo mejor que pueden para que de este modo salgan beneficiados quienes organizan fiestas ilegales, hacen de taxis piratas o alquilan sus viviendas sin tener autorización. Este despropósito acabará resultando muy caro a la sociedad en su conjunto.