Más de tres mil inmuebles calcula el Govern que podrá ofrecer en régimen de alquiler social procedentes del parque de pisos vacíos que tienen, la mayoría en Palma, los bancos, las inmobiliarias y los grandes propietarios.

Este destacado parque será gestionado por el Ibavi, según el decreto que se encuentra todavía en fase de exposición pública, como una medida destinada a evitar la especulación y a resolver, al menos en parte, el grave problema que tiene Balears en materia de acceso a la vivienda.

Es, en definitiva, una de las cuestiones que más preocupan en estos momentos a los ciudadanos. Con esta propuesta, la Administración autonómica se suma a otras comunidades, como es el caso de Navarra, que implica a los grandes tenedores para aportar soluciones al encarecimiento de los alquileres.

Una acción conjunta

El decreto no se puede plantear como el mecanismo para resolver en conjunto el problema de la escasez de vivienda asequible en régimen de venta o alquiler que existe en Balears. Debe entenderse como una medida complementaria o como una seria advertencia hacia quienes tratan de forzar las leyes del mercado reteniendo, de manera deliberada, un importante número de pisos vacíos.

Sólo así se explica que, en una fase de expansión económica como la actual, sean miles de inmuebles los que están sin ocupar. Sin embargo, todo indica que no será suficiente el decreto del Govern; hará falta una estrategia más amplia.

La oferta pública

Al Govern no se le puede negar que está tratando de arbitrar un paquete de medidas para paliar la magnitud del problema del encarecimiento de la vivienda, pero es preciso aligerar la acción directa desde la propia Administración, construyendo y ofertando vivienda pública.

De este modo también se desincentiva el acaparar pisos para forzar una subida artificial de precios. Es cuestión de tomar la iniciativa.