El Gobierno Sánchez se ha puesto manos a la obra para intentar frenar el precio del recibo de la luz y ha anunciado que suspenderá el impuesto del 7% creado por el PP en 2012 sobre la generación eléctrica. Según el optimista mensaje de la ministra Teresa Ribera, eso supondrá una rebaja de entre el 2’5% y el 4% en los consumidores domésticos, y de cerca del 5’5% en las grandes plantas industriales. A cambio, el Estado dejará de recaudar una suma considerable de dinero. Eso implica que se verá forzado a compensarlo en otros ámbitos, que acabarán repercutiendo indefectiblemente en el bolsillo de los ciudadanos.
Un problema en crecimiento.
El incremento constante de las tarifas eléctricas en los últimos quince años amenaza con convertirse en un problema social de primer orden. Las disfunciones vienen de muy lejos. El freno a la construcción de centrales nucleares impulsada por Felipe González en los años 80 ya anunciaba ese encarecimiento a la larga. A la par, no se logró el desarrollo esperado de las energías limpias y renovables por las enormes dificultades técnicas que conlleva. A ello hay que añadir la política energética de la Unión Europea, que no favorece la existencia de precios ‘políticos’, sino adaptados al mercado por parte de un sector cada vez más liberalizado. Por último, es clave también la voracidad impositiva del Estado, que encontró en el recibo de la luz una fuente de ingresos que se hacía cada vez más consistente.
Necesidad de actuar.
Ante estos parámetros tan complejos, el Gobierno Sánchez se ha visto obligado a actuar para proteger a los consumidores. Es probable que su acción no sirva para que se produzca un descenso significativo de las tarifas, pero al menos tal vez logre frenar su crecimiento desmedido. Se trata también de una acción de hábil contenido electoral, dirigida a los potenciales votantes de la izquierda.
