El informe técnico sobre las «graves e inadmisibles» deficiencias en el Servei d’Emergències pone de manifiesto la ligereza con la que ha sido considerado este Departamento por los responsables políticos del Govern.
El documento, firmado por el jefe de servicio de operaciones, fue remitido al director general Pere Perelló y a la consellera Catalina Cladera una semana antes de la riada mortal de Mallorca. El técnico, que identifica y disecciona uno a uno los problemas internos, avisa de que el servicio no podrá hacer frente a sucesos como los que, desgraciadamente, se vivirían días después. Sin duda, un documento demoledor y premonitorio de la riada que costó la vida a 13 personas.
De lo político a lo judicial
La existencia de este informe exige más explicaciones que las ofrecidas por la consellera Cladera en la comisión parlamentaria. Y es que resulta sorprendente leer que esas deficiencias ya fueron comunicadas con anterioridad y en múltiples ocasiones dado el «sistemático incumplimiento de la Administración Autonómica» de la normativa vigente. Pero el caso no se limita a las reprobaciones o ceses políticos.
La idea expresada en el informe de que «actualmente no hay un sistema de respuesta a grandes emergencias» por la falta de personal, y que se pueden dar «improvisaciones no deseadas», invita a profundizar en la investigación judicial que ya está en marcha. Pese a todos los esfuerzos humanos en el momento de la tragedia, hay que preguntarse hasta qué punto el Servei d’Emergències estaba operativo aquella fatídica tarde del 9 de octubre. Una situación que, por desgracia, podría pasar también en las Pitiusas o en Menorca.
¿Evitable?
Lo peor es pensar que la tragedia pudo evitarse si las cosas se hubieran hecho, sencillamente, bien. Porque la sospecha de que obras ilegales estancaron el agua hasta crear una ola destructiva resulta escalofriante. No lo sería menos descubrir que Emergències se enfrentó a aquella situación con medios menguados y sin la suficiente coordinación.
