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El informe elaborado por el director técnico de la Direcció General d’Emergències del Govern, Joan Pol, pone de relieve los fallos más graves detectados en todo el operativo desplegado a raíz de la riada del 9 de octubre del pasado año en Sant Llorenç y la comarca del Llevant de Mallorca. En aquella aciaga jornada fallecieron trece personas, arrastradas por el agua tras unas intensísimas precipitaciones. Además, fueron cuantiosísimas las pérdidas ocasionadas por aquella tormenta que arrasó todo cuanto encontró a su paso. Ahora, el documento interno deja al descubierto algunas carencias que de no haber existido, podrían haber minimizado los efectos más nocivos de la riada al haber permitido una intervención más rápida y coordinada, por parte de los diferentes organismos públicos.

Medios técnicos y coordinación.
El aspecto más relevante del informe hace referencia, sin duda, a la falta de medios técnicos propios por parte de Emergències y de unos protocolos de intervención ensayados ante catástrofes de la magnitud como la que ocurrió aquel día El saldo de trece víctimas mortales es excesivo. Bastaría solo una para que se pongan en práctica todas las medidas que se plantean en el informe. No valen excusas. Invertir en prevención y medios ante cualquier emergencia nunca puede ser cuestionado. Solo la insensatez justificaría aparcar la adopción de las medidas que garanticen que lo que pasó aquella tarde en Sant Llorenç no vuelva a suceder.

El riesgo existe.
Lo que sucedió en Mallorca puede repetirse en muchos otros enclaves de la geografía balear, algunos también con una elevada densidad de población. También en las Pitiusas. Este Govern y los que vengan en el futuro deben aprender de la lección que supuso el desastre de Sant Llorenç del que, como único valor positivo, se evidenció la enorme solidaridad de los ciudadanos cuando hay que hacer frente al infortunio más dramático e inesperado.