Ibiza21/02/19 4:01
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La reforma del Código Penal que endurece las penas para los conductores que bajo la influencia del alcohol o las drogas provoquen un accidente con víctimas y también para aquellos que, además, se dan a la fuga del lugar del siniestro sin auxiliar a los heridos, es una buena noticia. Se trata de una modificación legal que cuenta con un amplio respaldo social, generado en gran medida gracias a la lucha, la tenacidad y la perseverancia de las víctimas que este tipo de sucesos ha venido dejando en los últimos tiempos. Las familias de Vanesa Patricio Escandell y de Dani Viñals, dos de los fallecidos en las carreteras de Ibiza, son los responsables de haber logrado que la sociedad y los partidos políticos hayan comprendido que había que terminar con la cierta impunidad o laxo castigo que recibían los culpables de accidentes graves.

Omisión del deber de socorro.
Análisis aparte merece el hecho de que se hayan multiplicado en los últimos tiempos los casos de conductores que ocasionan un accidente y abandonan el lugar. La pena por el delito de omisión del deber de socorro no suponía hasta ahora una suficiente disuasión para aquellos conductores que habiendo bebido o tomado drogas, se ponían al volante y, tras causar un siniestro, optaban por darse a la fuga ante el temor de ser sometidos a las pruebas de detección correspondientes. El castigo por huir era insignificante, si es que finalmente se les condenaba por ello. Esto debía cambiar y ahora estará penado con hasta cuatro años de cárcel, lo que hará que muchos se lo piensen antes de abandonar la escena del crimen.

Un problema de todos.
Lejos de darse por satisfechas, las víctimas anuncian que seguirán luchando y hacen bien. La siniestralidad vial es un grave problema que afecta a toda la sociedad. Hay que mejorar la concienciación; la formación de los conductores; las vías y su señalización; y también la plantilla de la Guardia Civil de Tráfico, responsable de la vigilancia en las vías interurbanas donde se producen los accidentes más graves.