Dos años después de su creación, la Oficina Anticorrupción, uno de los compromisos electorales más publicitados del Pacte, protagoniza un importante golpe de efecto. Mediante un requerimiento solicita que en el plazo de diez días se le remitan todas las declaraciones de bienes de los diputados autonómicos y altos cargos del Govern, una documentación a la que el departamento ya debería haber tenido acceso. El director de la Oficina, Jaume Far, no explica los motivos de la solicitud que ha tramitado, aunque podría justificarse en las cinco denuncias sobre las que ya está investigando.

Una figura molesta.

Las tensas relaciones que mantiene Far con el Govern y el resto de integrantes del Pacte han sido una constante desde el mismo momento de la creación de la Oficina Anticorrupción, la cual apenas dispone de una estructura laboral y técnica para poder llevar a cabo su cometido. Desde el primer momento han sido patentes las divergencias entre el Govern y el Parlament, instituciones a las que se les ha solicitado la información, y la Oficina Anticorrupción; más allá del confuso papel en su papel para combatir las irregularidades en la Administración autonómica. El acoso al que se somete el departamento que dirige Jaume Far pone en entredicho la voluntad real de transparencia que impulsó su creación, una dinámica que el requerimiento presentado puede lograr romper.

Documentación indiscriminada.

La petición de la Oficina Anticorrupción se plantea de manera indiscriminada, las declaraciones de todos los diputados y altos cargos del Govern, y sin ningún tipo de justificación sobre la necesidad de adoptar una medida de estas características. Parece razonable que en sus primeros movimientos serios, Anticorrupción actúe con el máximo rigor y discreción. Los temas relacionados con la corrupción requieren siempre la máxima cautela hasta comprobar los indicios disponibles, lo contrario es una irresponsabilidad.