La Comisión balear de Medi Ambient en su declaración ambiental estratégica del Plan General de Ordenación Urbana de la ciudad de Eivissa, exige que el plan sea modificado a fin de impedir los crecimientos urbanos que en él se contemplan por falta de suministro de agua. Se trata de un aspecto importante que difícilmente puede considerarse no sustancial, como se pretende para que el PGOU sea aprobado a toda costa.
Cautela en el Consell.
La institución es quien tiene la competencia para la aprobación definitiva del PGOU. Y de las declaraciones de la consellera insular de Territori, Pepa Marí, se puede intuir la intención de actuar con toda cautela y sin las prisas que el Ajuntament d’Eivissa pretende imponer. Porque en efecto, el Consistorio debe introducir las modificaciones y prescripciones que indica la Comisión balear de Medi Ambient y proceder a una nueva aprobación provisional. Solo así el Consell estará en condiciones de aprobarlo definitivamente.
Evitar impugnaciones.
Lejos de suponer un aval a un trabajo bien hecho, la Comisión de Medi Ambient que preside Antoni Alorda ha propinado un duro varapalo al PGOU de Rafa Ruiz y Elena López al imponer unas limitaciones que no se habían visto hasta ahora. Así, han tenido paralizado el urbanismo en la ciudad durante años para, en el peor de los casos, volver al plan de 1987, que contempla un crecimiento urbano y mayor edificabilidad en todos los sectores. La aprobación apresurada del PGOU sin introducir los cambios determinados por la Comisión de Medi Ambient, supon un riesgo severo. Y aunque volver a la ordenación urbanística de 1987 sea del todo indeseable, las cosas deben hacerse según establece la Ley. No caben las chapuzas.
