Los últimos datos de la Encuesta Continua de Hogares que ayer hizo pública el Instituto Nacional de Estadística (INE) reflejan el espectacular incremento, en apenas un año, en el número de familias que se ven obligadas a compartir vivienda en Balears para poder costearla. Hasta 14.700 familias se encuentran en esta situación, un fenómeno que lejos de menguar aumenta con unos índices más que preocupantes. ES una de las vertientes más extremas del grave problema social que supone la falta de vivienda a precio asequible, circunstancia que cada vez afecta a segmentos más amplios de la población sin que se adopten soluciones eficaces desde la Administración.
Compartir piso.
El compartir piso ya no es una práctica circunscrita al ámbito estudiantil. Al contrario, la proliferación de esta modalidad supone la recuperación de una práctica muy común en la España de la postguerra. Después de décadas de bonanza económica, los precios prohibitivos de las viviendas en régimen de alquiler o compraventa aboca a fórmulas que implican compartir gastos, pero también una pérdida importante de la intimidad como consecuencia de la convivencia forzada. Son muchos los factores que inciden en el desbocado incremento de los precios del sector inmobiliario balear, pero más sorprendente es la falta de iniciativa por parte de la Administración.
Falta de vivienda pública
Las diferentes instituciones implicadas han optado por abordar la problemática de Balears, una de las más graves del Estado, mediante acciones destinadas a penalizar la propiedad privada imponiendo diferentes limitaciones y controles. Sin embargo, el parque de vivienda pública apenas ha aumentado. Derivar en los propietarios la solución de la falta de complejos residenciales accesibles a las economías más modestas no es la opción más idónea, y más aún teniendo en cuenta los pésimos resultados obtenidos hasta ahora.
