Eivissa16/04/19 4:01
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El Ayuntamiento de Sant Antoni acordó ayer en sesión extraordinaria y con los votos de la nueva mayoría de gobierno municipal que conforman PSOE, Reinicia y la concejala tránsfuga Cristina Ribas, iniciar un proceso para revisar sus propios actos. El objetivo es de revocar la licencia de actividad otorgada a la empresa Bambagas SL, promotora del chiringuito de Cala Gració. Aquella licencia fue concedida en abril de 2018 y por vía de urgencia, por la misma junta de gobierno que ahora afirma que se hizo incorrectamente ya que se incumplió el planeamiento urbanístico. Paralelamente se ha solicitado a la Demarcación de Costas la revocación otorgada con el informe favorable del Ayuntamiento.

Nueva excusa
Casualmente el pleno se celebró un día antes de la entrada en vigor de la nueva Ley balear de Actividades, que exime al chiringuito del certificado de final de obra, que fue el requisito que sirvió de excusa para poderlo “parar”, en palabras de Ribas. Como este año no se podría usar aquel pretexto, se ha urdido otro para impedir la actividad de una concesión de temporada que cuenta con los permisos necesarios, incluidos los del propio Ayuntamiento que tras otorgarlos cambió de parecer. No cabe mayor atentado contra la seguridad jurídica y a buen seguro servirá de aviso a muchos otros emprendedores y empresarios, que tomarán nota de que una autorización del Ayuntamiento de Sant Antoni no vale nada y puede ser revocada cuando a los políticos se les antoje.

Indemnización segura.
Estamos ante un ejemplo paradigmático de actuación administrativa arbitraria que inevitablemente supondrá indemnizaciones para la sociedad afectada, víctima de la más flagrante inseguridad jurídica. Los gastos que soportó contando con el beneplácito de las administraciones competentes, deberán ser resarcidos en forma de indemnizaciones, aunque incluso eso tendrán que pleitear en los tribunales. Pero alerta, porque hay un proceso penal abierto contra el alcalde Pep Tur ‘Cires’ y la edil tránsfuga Ribas por este asunto. Lo justo sería que fueran ellos quienes tuvieran que hacer frente a las indemnizaciones por su arbitraria actuación y no los vecinos de Sant Antoni.