Todo indica que el Govern ha decidido pasar a la acción y, como recoge la Ley de Vivienda autonómica, ha abierto los correspondientes expedientes sancionadores a bancos y fondos de inversión que no han inscrito un total de 146 viviendas desocupadas de las que son titulares. El importe de las multas podría alcanzar los 180.000 euros en su conjunto, aunque la trascendencia del gesto va más en el sentido de seria advertencia hacia los grandes tenedores de que las normas están para ser cumplidas. De todos modos, la propia Conselleria de Territori, Energia i Mobilitat admite que hay hasta 5.731 inmuebles que no se han inscrito en el Registro de Viviendas Desocupadas; todos ellos en manos de grandes sociedades.
Un callejón sin salida.
A tenor de los datos admitidos por la Conselleria resulta obvio que el Registro de Viviendas Desocupadas fracasa por el rechazo que genera su aplicación, una norma que no aceptan los grupos financieros afectados. Frente a este escenario cabe preguntarse si sólo a base de sanciones podrá revertirse esta situación. Lo razonable es tratar de llegar a acuerdos en los que se pueda canalizar la colaboración de los propietarios con la Administración. La normativa actual está siendo incumplida de manera sistemática mientras el problema sigue creciendo, un callejón sin salida del que los ciudadanos son los principales perjudicados.
Evitar la incautación.
Los bancos y los fondos de inversión interpretan la norma autonómica como una fórmula de incautación encubierta, auténtica cuestión de fondo en esta pugna por la negativa a incluir sus inmuebles en el Registro autonómico. Es preciso romper con esta dinámica. La búsqueda de soluciones factibles corresponde a la Administración en un tema tan grave como es el de poder ofrecer viviendas asequibles a los ciudadanos de las Islas. No es el momento de buscar simples golpes de efecto que nada resuelven.
