23/06/19 4:01
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Cáritas alertaba esta semana en la presentación de su memoria anual que el acceso a la vivienda es el «principal problema» de Ibiza. De hecho, la entidad está empadronando a quienes viven en habitaciones o pisos, pero no disponen de un contrato de alquiler legal, para así poder escolarizar a sus hijos o bien acceder de manera regular a los servicios sanitarios. A esto se suma que esta misma semana Periódico de Ibiza y Formentera ha revelado que el Govern no encuentra trabajadores para la residencia Can Blai. En la residencia Sa Serra están ofreciendo habitaciones y servicio de comida para trabajadores. ¿Las causas? De nuevo, el acceso a la vivienda y el nivel de vida que hay en Ibiza, tal y como ha reconocido el Govern. En otras palabras, la gente no quiere venir a Ibiza a trabajar porque no hay vivienda disponible y la escasa que hay tiene precios que el bolsillo de un trabajador mileurista o un poco más de mileurista no puede pagar. Una situación que también afecta a quienes han nacido aquí, residen en la mayor de las Pitiusas todo el año y pagan sus impuestos en Ibiza.

La realidad.
La irrupción de plataformas como Airbnb ha propiciado el alquiler de pisos particulares a turistas. Cabe recordar que esto está prohibido en las Pitiusas, pero sólo hace falta echar un vistazo por internet para comprobar que esta actividad ilegal sigue en alza. A esto se suma la escasez de suelo para construir en una isla con territorio limitado como es Ibiza y que hay una fuerte actividad económica, lo que genera que los precios medios de compra y alquiler sean de los más caros del país por la fuerte demanda.

Las soluciones.
Las instituciones deben tomar nota de esta grave situación y de forma coordinada, llevar a cabo actuaciones contundentes para ponerle remedio. Es preciso reforzar los servicios de inspección para acabar con los alquileres de pisos a turistas, de forma que la prohibición legal no quede en papel mojado por falta de medios para llevarla a cabo y sancionar a los infractores. También es necesario, como reclaman desde hace tiempo los sindicatos de funcionarios, que se actualice el plus de insularidad equiparándolo con Canarias. Además, hay que impulsar la construcción de VPO y estimular la puesta de vivienda libre en el mercado de alquiler.