26/10/19 4:01
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La reclamación de Amadiba de 1,5 millones de euros, fechada en diciembre de 2018 y desvelada ayer en el pleno por el portavoz del gobierno del Consell d’Evissa, Mariano Juan, da una dimensión del caos que se vivió en el pasado mandato en el departamento de Bienestar Social. La cantidad, además, se queda corta porque el propio Juan estimó que a día de hoy se acerca a los dos millones de euros porque los servicios que la propiciaron se siguen prestando, con lo que la pila de facturas crece mes a mes. El problema, siendo muy grave, es aún mayor porque el gobierno no sabe cómo afrontar el pago de dicho monto, lo que deja a la asociación de madres y padres de discapacitados en una situación financiera crítica y, con ella, a los usuarios de los servicios.

Riesgo para los usuarios.
Que sea el propio Consell el que ponga en riesgo la prestación de los servicios por no pagar las facturas por irregularidades administrativas es inadmisible y merece la más absoluta repulsa. El gobierno del Partido Popular y Ciudadanos hace bien no escudándose en que se trata de una herencia envenenada del anterior gobierno del PSOE y de Unidas Podemos y está haciendo todos los esfuerzos para regularizar la situación.

Paso a paso.
El pleno de ayer sirvió para desbloquear dos conciertos con dicha asociación que nada tienen que ver con la deuda millonaria. Uno de ellos tenía irregularidades lo que impedía el pago de 120.000 euros por los servicios prestados hasta la fecha de los 380.000 acordados. Otro suma 800.000 euros y aún no se había adjudicado. Además, el gobierno de Vicent Marí ha ido abonando otras facturas vía reconocimiento extrajudicial de crédito. Cualquier ingreso es muy bienvenido por un asociación que está viviendo una situación crítica y que presta un servicio esencial. Los usuarios y sus familias son los grandes perjudicados por la negligente y desastrosa actuación de la anterior consellera de Bienestar Social, Lydia Jurado (UP).