Ibiza07/12/19 4:01
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La presidenta del Govern, Francina Armengol, propugnó ayer la reforma de la Constitución de 1978 para que «aborde de forma valiente condicionantes como la insularidad». El hecho insular, que provoca sobrecostes y resta competitividad a la actividad económica de Balears, ya está reconocido en el artículo 138 de la ‘ley de leyes’ al establecer que «el Estado garantiza la realización efectiva del principio de solidaridad, velando por el establecimiento de un equilibrio económico, adecuado y justo entre las diversas partes del territorio español, y atendiendo en particular al hecho insular». Esta circunstancia geográfica quedó definida en la Ley del Régimen Especial de Balears, aprobada en 1988, como «un conjunto de factores que provocan un desequilibrio, que ha de ser contrarrestado mediante la acción del Estado». Esta, y no la reforma de la Constitución, es la cuestión nuclear: exigir con valentía y decisión política al Gobierno del Estado para obtener las compensaciones que precisa Balears destinadas a reducir el coste de la insularidad.

Otro modelo de financiación.
No solo la Constitución, también la Ley de Financiación de las Comunidades Autónomas dispone que uno de los criterios para distribuir el Fondo de Compensación Interterritorial será el «hecho insular». Balears necesita más peso político para obtener los recursos, instrumentos y programas, tanto del Estado como de la Unión Europea, como establece el artículo 174 de la UE, que le corresponden para competir en igualdad de condiciones y disminuir la insularidad.

Diputados y senadores de Balears.
Balears cuenta con quince parlamentarios en Madrid -ocho diputados, cinco senadores electos y dos senadores autonómicos- que deben hacerse valer y oír para reclamar una reivindicación que corresponde liderar al Govern de la Comunidad Autónoma. Los instrumentos legales existen, se trata de aplicarlos y dotarlos con presupuesto para compensar los costes de insularidad. ¿Existirá Balears durante esta legislatura?