La persecución y erradicación del turismo de excesos que pretende el Govern balear a través de la ley que está preparando el departamento de Iago Negueruela es un objetivo loable que, sin embargo, no puede sobreponerse de forma absoluta a las dudas que genera. El fin no justifica determinados medios. El impacto que puede tener una medida como la anunciada en determinadas zonas cuya reconversión está suponiendo inversiones millonarias por parte de los empresarios aconseja un consenso con el sector y con los ayuntamientos afectados, como son los casos de, presumiblemente, Sant Antoni y Sant Josep. Sin perder de vista que el Consell d’Eivissa también tiene algo que decir, en la medida en la que, al contrario que el de Mallorca, gestiona la competencia en Inspección Turística y, por lo tanto, es el responsable de la inspección y sanción que contemple la norma.

Transparencia.
Una primera demanda es, pues, de transparencia con los ayuntamientos, con el Consell y con los empresarios, ya que tienen todo el derecho a conocer de primera mano los planes del Govern. A pocas semanas de aprobarse vía decreto urge determinar cuáles serán las zonas que finalmente se verán afectadas por la zonificación y por qué. No es admisible que los problemas de determinadas zonas de Mallorca acaben afectando negativamente a otras zona de Ibiza por su inclusión en una ley autonómica que parece pensada para Punta Galera (Calvià).

Propuestas disparatadas.
Finalmente, los hoteleros no pueden convertirse en los responsables de los excesos de sus clientes. Pueden y deben colaborar, pero la responsabilidad debe correr a cargo de las administraciones a través de las ordenanzas y de otros instrumentos con los que cuentan. Que los hoteleros sean sancionados por el balconing de sus clientes se trata de una medida disparatada, muy difícil de aplicar y que parece pensada para acaparar titulares con los que calmar a la parte de la opinión pública que reclama medidas contundentes.