Editorial

La responsabilidad política de los abusos a menores

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La portavoz del Govern y consellera de Presidència, Pilar Costa, descartó ayer la exigencia de dimisiones por los casos de abusos y relaciones inapropiadas ocurridos en los centros de titularidad autonómica –entre los educadores y los jóvenes internos–, que se añaden a los dieciséis episodios de explotación sexual de menores bajo tutela del Institut Mallorquí d’Afers Socials (IMAS), un organismo que depende del Consell de Mallorca. Todos estos casos que se han conocido en las últimas semanas han tenido lugar en un relativo corto período de tiempo, pero en el que las intervenciones de los organismos públicos han sido claramente insuficientes a pesar de que eran conocedores de la situación.

Prudencia y eficacia.
La exigencia de dimisiones es un mecanismo de asunción de responsabilidades políticas que, a la vista de las manifestaciones de la consellera Costa, el Govern no tiene intención de asumir. Parece razonable que se quiera conocer desde el Ejecutivo con exactitud lo ocurrido y todas las gestiones realizadas por los técnicos y cargos implicados en estos asuntos antes de quererse pronunciar. Para ello es de suma trascendencia la comparecencia parlamentaria de la titular de la Conselleria d’Afers Socials, Fina Santiago, prevista para la próxima semana. En el Consell de Mallorca, por su parte, se ha abierto una comisión investigadora sobre la labor de tutela del IMAS. Serán las conclusiones en una y otra institución las que justificarán o no la petición de dimisiones.

Corregir errores.
Sobre toda esta cuestión no puede realizarse un análisis simplista. El problema es complejo y tiene enormes aristas por resolver. Desde el marco legal vigente hasta la capacitación profesional de los educadores y, por supuesto, los recursos económicos que se destinan. Todo ello no puede ocultar la imperiosa necesidad de admitir los enormes fallos cometidos, desde hace mucho tiempo, y de sus terribles consecuencias.