Editorial

Soluciones a la falta de viviendas

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Las primeras reacciones a la propuesta que elevará el Consell d’Eivissa al Govern balear para que permita, gracias a una modificación legislativa, la promoción pública y privada de viviendas de protección oficial (VPO) en las zonas de transición territorial contempladas en el PTI no han sido positivas. Por razones bien distintas, los constructores y Prou! han criticado la medida adelantada ayer por este diario.

Argumentos sin fundamento.
Oponerse a que las administraciones faciliten la puesta en el mercado de suelo en el que edificar viviendas a precio tasado porque ya hay suficientes viviendas en Ibiza es un argumento sin fundamento. En primer lugar, porque la afirmación es una mera especulación que no está basada en estudios rigurosos que la avalen. Parece ser fruto de las cábalas que ha hecho el Ayuntamiento de Eivissa basándose exclusivamente en el número de viviendas en las que no hay ningún ciudadano empadronado, dato que en absoluto es concluyente. Y es que una vivienda que no cuente con ningún empadronado no supone, en absoluto, una vivienda vacía o con potencial para entrar en el mercado, ya que puede estar ocupada por alguien que no esté registrado en ella. Además, esas viviendas son propiedad de su legítimo propietario que puede decidir libremente no ocuparlas. Finalmente, esas supuestas viviendas que podrían salir al mercado son viviendas libres, por lo tanto, a precios elevados a los que buena parte de la población no puede acceder. Las personas que aspiran a una vivienda de protección oficial necesitan soluciones, no demagogia ni posturas dogmáticas.

Burocracia y control al alquiler turístico.
Prou¡ sí acierta al reclamar coto a la comercialización ilegal de pisos en el mercado turístico, camino que requiere mayores esfuerzos por parte del Consell d’Eivissa para que realmente ofrezca resultados a corto plazo. También merecen ser escuchados los constructores que reclaman una reducción de la burocracia y de los trámites para evitar tener que recurrir a subterfugios legales como el que se ha planteado para poder dar respuesta a una situación excepcional como la que estamos viviendo en Ibiza y Formentera.