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El Govern balear presentó ayer un paquete de 25 medidas para flexibilizar el mercado de la vivienda y facilitar el acceso a la misma, especialmente a los colectivos más vulnerables. Estas medidas se anuncian días después de que el Grupo Popular presentara una propuesta de Ley de Vivienda con medidas tan impactantes como la posibilidad de recalificar suelo mediante un simple acuerdo de pleno municipal, lo que reduce de forma notable los trámites; y de que el Consell d’Eivissa haya puesto sobre la mesa la posibilidad de construir VPO en las áreas de reconversión territorial sin cumplir los planeamientos urbanísticos municipales y el Plan Territorial Insular. Hoy también publicamos que el Consell d’Eivissa está trabajando en la redacción de un reglamento para liberalizar algunos trámites relacionados con la construcción y rehabilitación de viviendas y la concesión de licencias. De todo ello, se desprende que todos los partidos han tomado plena conciencia de que las medidas tomadas hasta la fecha están siendo claramente insuficientes para resolver, ni tan siquiera paliar, un problema que en el caso de Ibiza y Formentera es muy grave y que, además, genera conflictos adicionales muy notables.

Una propuesta sin consenso interno.

Las medidas que anunció ayer el conseller de la Vivienda, Marc Pons, merecen ser analizadas con prudencia, en tanto que no hay acuerdo aún entre el PSOE y sus socios de Unidas Podemos y Més per Mallorca sobre el alcance de las mismas. Aun así fueron presentadas a bombo y platillo. Una de las propuestas más innovadora es abrir la posibilidad a construir viviendas de protección oficial para determinados colectivos en solares urbanos que tengan la categoría de equipamiento, lo que permitirá ampliar el parque de viviendas públicas pero reducirá las opciones para atender otras necesidades, como infraestructuras sanitarias, sociales, educativas o de otro tipo. También pretende facilitar la construcción sobre suelo público de viviendas para su alquiler durante un periodo de 75 años, momento en el que pasarían a ser públicas. Los antecedentes de la Ley de la Vivienda no invitan al optismo, ya que hasta ahora la norma no ha servido para nada más que para el lucimiento del conseller, Marc Pons.