La delimitación de las calles en las que se aplicará el decreto antiexcesos, cuyo objetivo es limitar la venta y el consumo de alcohol, aprobado recientemente por el Govern balear, es tan absurda que provoca que bodegas de las calles adyacentes, como la calle Soledad, puedan vender alcohol sin las restricciones que sí sufrirán otros negocios situados a escasos 50 metros de distancia. Que unos empresarios puedan actuar de una determinada manera y otros situados en la calle siguiente, de otra, no puede calificarse de otra manera que de discriminación. La arbitrariedad que supone que unos negocios puedan ejercer una actividad bajo unas determinadas condiciones y otros bajo otras más restrictivas es contraria al espíritu que debe presidir la actuación de los gobernantes.

Efectividad en entredicho.
Este hecho, además, pone en entredicho la efectividad que se pretende alcanzar, en tanto que los clientes que busquen comprar alcohol dentro del horario en el que está prohibido en el West End, lo podrán hacer de forma muy sencilla, ya que únicamente tendrán que desplazarse a las calles contiguas. Es, pues, un despropósito un planteamiento de este tipo. Nada de esto habría pasado, si el Govern balear hubiera hecho una norma de aplicación en todas las islas.

Ampliación de la zona.
El Govern balear amplió la zona del West End inicialmente afectada a petición del alcalde de Sant Antoni, Marcos Serra, multiplicándose por cuatro la superficie incluida. Los empresarios de la zona han pedido con razón que toda Ibiza juegue con las mismas reglas del juego y que el decreto no solo les afecte a ellos. El PSOE de Sant Antoni, del mismo partido que el conseller balear que ha promovido la medida, presentó una moción en el pasado Pleno reclamando que se amplíe el área, algo que denegó el gobierno de PP, PxE y Ciudadanos. El alcalde lo justifica porque siempre quedarán locales fuera de la prohibición salvo que el decreto se implante en todas las Baleares, tal como debió haberse hecho desde un principio.