El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció ayer la aprobación de un decreto que incluye un importante paquete de medidas para paliar los efectos del parón económico de España. Un total de 200.000 millones de euros –de los que 117.000 millones serán a cargo de los recursos públicos–, el 20 por ciento del PIB del país, se destinarán a garantizar la liquidez de las empresas para poder afrontar los inevitables tiempos de crisis que se avecinan. El cierre forzado de las empresas tiene unas enormes consecuencias laborales. Muchas deberán recurrir a los Expedientes de Regulación de Empleo Temporales (ERTE) para capear el temporal, una fórmula que se ha agilizado y simplificado para su tramitación.
Medidas sociales.
Uno de los aspectos más llamativos del decreto hace referencia a las ayudas de ámbito social, planteadas en previsión de un notable incremento de las cifras de desempleo durante los próximos meses. Moratorias en el pago de las hipotecas –con hasta 250.000 beneficiarios en las Islas–, suministro de agua, luz y gas garantizado, exoneración en el pago de las cuotas de la Seguridad Social a las empresas que mantengan las plantillas, promoción del teletrabajo, ... son diversas acciones con las que el Gobierno quiere amortiguar el impacto en los trabajadores y sus familias de la inevitable recesión que se avecina.
Repunte inmediato.
La respuesta positiva de las Bolsas al anuncio del Gobierno puede interpretarse como un signo de aceptación de los mercados, al menos como primera reacción. La evolución de los acontecimientos marcará, sin duda, la necesidad de complementar o no ese primer decreto de ayudas. El presidente insistió en calificar de «temporal» la crisis económica originada por la alerta sanitaria del coronavirus; pero con una profundidad nunca conocida y una extensión también pandémica. Sobre ambas cuestiones no hay, todavía, ninguna previsión fiable.
