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La presidenta del Govern, Francina Armengol, reclamó en la comparecencia de ayer un plan de reconstrucción para afrontar en Balears el nuevo escenario social y económico, plagado de dificultades e incertidumbres, que emergerá con toda su crudeza cuando se levanten las medidas de confinamiento por la COVID-19. Aludió, al mismo tiempo, a la singularidad –«somos una comunidad autónoma diferente», recordó– de una economía regional cuyo PIB depende, pivota y se sustenta sobre el sector servicios. Una comunidad en la que el turismo, muy marcado por la estacionalidad, genera el 80 por ciento del PIB, los puestos de trabajo y el bienestar. La prioridad consiste hoy en contener y evitar la propagación del coronavirus que tiene un extraordinario impacto en Balears.

Medidas y recursos financieros.
La paralización de la economía –que se verá acentuada con las medidas que aprobó ayer el Consejo de Ministros para interrumpir toda la actividad, excepto la esencial– conduce a una situación de estancamiento que, para superarla, exigirá poderosas medidas de reactivación y estímulo. Baleares sigue siendo una comunidad mal financiada que ha venido aportando recursos millonarios al Estado, o sea, al resto de autonomías. La solidaridad de estas Islas ha de verse correspondida para recibir los medios e instrumentos que necesitamos para salir adelante. Mecanismos financieros que, más allá de los deseos y la retórica, aporten liquidez a los ciudadanos y las empresas del Archipiélago.

Garantizar los servicios básicos.
En su intervención, Armengol manifestó que con la actual insuficiencia de recursos, Balears no garantiza los servicios básicos, lo que incrementa cada año el endeudamiento público. La prestación de estos servicios ha de constituir el primer objetivo de un plan de emergencia cuya redacción reclama la participación, desde la lealtad institucional, de todas las formaciones políticas y los agentes sociales de las Islas.