La sesión de control al Gobierno de ayer en el Congreso evidenció la ausencia de bases para un gran acuerdo nacional. El tono bronco se impuso en unos momentos en los que la mayoría de la sociedad española reclama unidad y entendimiento a todas las fuerzas políticas para hacer frente a la crisis del Covid-19. La distancia del Gobierno, al menos en la proyección mediática, con el principal grupo de la oposición –el Partido Popular– es sideral, como corroboraron los reproches continuos que se cruzó Pablo Casado con el presidente Sánchez. Por contra, en el bloque de la izquierda y el independentismo también son claros los síntomas incipientes de resquebrajamiento.
Recelos y desconfianza.
El Gobierno ha perdido el voto de confianza inicial de la oposición con la aprobación del primer decreto de alarma, una relación que se ha ido deteriorando de manera progresiva a medida que avanzaban las semanas. En estos momentos sólo Cs mantiene su colaboración incondicional a Pedro Sánchez, el resto de partidos –excepto PSOE y Podemos– ya no oculta sus reticencias. La empatía se ha desvanecido, a pesar de la grave situación que afronta el país. Recuperar la confianza debería ser una tarea prioritaria para todos los líderes políticos españoles, aunque sólo sea por atender el sentir mayoritario de los ciudadanos.
El papel del Rey.
El articulado de la Constitución atribuye al jefe del Estado las tareas de arbitraje y moderación de las instituciones, responsabilidades que encajan a la perfección con los momentos actuales. El deterioro de la vida política tiene consecuencias negativas innegables sobre el conjunto del país. Los retos sociales y económicos derivados de la pandemia de la Covid-19 reclaman la mediación y los buenos oficios del Rey, siempre dentro de los márgenes constitucionales, como eje vertebrador de las aspiraciones de una amplia mayoría de los españoles en estos momentos de crisis.
