Hoy es la ansiada jornada del estreno de las primeras medidas del descofinamiento, la que permite que después de 42 días los menores de 14 años puedan salir de sus domicilios y volver a pisar la calle. Para muchas familias, la posibilidad de recuperar la salida a la calle –aunque con restricciones– en una manera de recuperar, de manera incipiente, la ansiada normalidad previa al estado de alarma. El esfuerzo de los más pequeños en esta batalla contra la expansión de la COVID-19 ha sido, sin duda, enorme y la posibilidad de romper la rutina del encierro es una merecida compensación.
Demasiadas dudas.
La apertura de hoy está marcada por las restricciones de tiempo y distancias, que tienen por objeto evitar un retroceso en la contención del coronavirus. El que este domingo no sea un caos depende, en buena medida, del sentido común de los mayores. Sin embargo, existen demasiadas dudas sobre el comportamiento que se debe adoptar ante determinadas situaciones, más si se tiene en cuenta el amplio margen de edades que contempla el desconfinamiento parcial que sólo en Balears afecta a 174.0000 niños. Unas dudas que los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado deberán resolver sin unos criterios claros, en todo caso habrá que apelar a la buena voluntad para evitar los conflictos derivados de unas normas confusas.
Inseguridad jurídica.
El auto de la Audiencia Provincial anulando el ingreso en prisión de un ciudadano por incumplir, de manera reiterada, el confinamiento es un ejemplo de la nebulosa jurídica en la que se trabaja durante este estado de alarma. La indicación de la Audiencia Provincial, aplicables a otros muchos casos, debe servir de aviso sobre la posible conculcación de derechos y libertades, un aspecto sobre el que el Gobierno debe aportar argumentos aclaratorios con urgencia. Sólo falta que al desastre en la gestión de la crisis se añada la endeblez jurídica.
