03/05/20 4:01
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La pandemia del coronavirus ha trastocado todas las previsiones de este 2020. En apenas tres meses el escenario económico de Balears –al igual que el resto del mundo– ha cambiado de una manera radical. Las Islas afrontan una severísima crisis que se traducirá en la desaparición de miles de empresas y la destrucción de decenas de miles de puestos de trabajo, un escenario que requiere –como no puede ser de otro modo– de la intervención de las instituciones para evitar un desplome definitivo. Desde el primer momento se han habilitado numerosas líneas de ayuda que, en definitiva, suponen la aportación de recursos públicos que se nutren de los propios contribuyentes o del endeudamiento; no hay más.

El gesto de los trabajadores públicos.
La COVID-19 ha evidenciado el papel que juegan los servicios públicos para superar episodios tan críticos como el actual, algunos con un grado de generosidad y compromiso rayano con el heroísmo. Sin embargo, el grado de devastación económica al que tiene que hacer frente nuestra sociedad es tan enorme que no permite establecer grupos o colectivos privilegiados. Para el conjunto de la sociedad balear le resultará difícil asimilar que los trabajadores del sector público mantengan inalterado su calendario de mejoras salariales, un 2 % de incremento más las aportaciones lineales de la carrera profesional en el caso del Govern, mientras la inmensa mayoría de los vinculados a la iniciativa privada está inmersa en los ERTE, en el paro o con la empresa cerrada. Esta es la cruda realidad.

Arrimar el hombro.
Los representantes sindicales, como representantes de los trabajadores, deben ser conscientes de que no es el momento de gravar más las cuentas públicas –100 millones para este ejercicio en la Comunitat Autònoma–. La mayoría de la masa laboral afectada entiende, con seguridad, que ahora no es el momento de imponer las miradas egoístas. Ahora, no.