Editorial

Baja concreción en el plan del Consell

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Salvo alguna novedad, como el anuncio de la redacción de un nuevo plan de marketing turístico, la creación de la Ibiza Film Office y la construcción de un centro para el fomento de las empresas tecnológicas en sa Coma bajo el paraguas del Parc Bit, una inversión tan necesaria que no se entiende que no se haya impulsado antes, el plan para la reactivación económica, social y ambiental de Ibiza, presentado ayer por el presidente del Consell d’Eivissa, Vicent Marí, adolece de la concreción que se espera en un programa con tan amplios objetivos. El documento tiene la virtud de haber sido consensuado con los grupos de la oposición y los agentes sociales y el defecto de que no cuenta con una asignación presupuestaria concreta, lo que resta credibilidad al programa.

El remanente sigue bloqueado.
El Gobierno sigue sin atender el clamor unánime de las administraciones locales que solicitan, con buen criterio, que se liberalicen los fondos que han ahorrado gracias a las restricciones impuestas en la Ley Montoro. El Consell d’Eivissa, en consecuencia, no puede disponer de los casi 50 millones de euros con los que podría contar, si se autorizara su uso. El plan también contempla recursos del Govern, del Gobierno y de la UE, presupuesto con los que no se puede contar en estos momentos. La cuantía de 50 millones de euros hasta 2023 es, por lo tanto, un objetivo más que una realidad creíble.

Actuaciones en marcha.
En la misma línea que el programa anunciado por el Govern hace algunas semanas, el del Consell d’Eivissa es la suma de actuaciones que hace años que se vienen anunciado. Eliminar burocracia; diversificar los productos turísticos; fomento del consumo de proximidad y del sector primario e industrial; apuesta por las energías renovables; recuperación del patrimonio y fomento de la actividad creativa; lucha contra el intrusismo; y el impulso de las nuevas tecnologías son todos ellos objetivos loables que todos los gobiernos prometen y que nada tienen que ver con la salida de la crisis provocada por el Covid-19, al contrario que el incremento de las partidas de bienestar social y el conjunto de medidas fiscales, líneas imprescindibles para reducir los efectos de la pandemia.