Editorial

Instrumentos contra la fiestas ilegales

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La falta de instrumentos jurídicos, salvo las ordenanzas municipales, para poder actuar en el caso de celebración de una fiesta ilegal en el decreto de nueva normalidad del Govern balear debe ser corregida antes de que sea demasiado tarde. Que el origen del brote detectado en Sant Joan asistiera a una fiesta ilegal, a la que acudieron centenares de personas, tal como publica hoy Periódico de Ibiza y Formentera, ha encendido todas las alarmas y provocado una seria preocupación en Salud Pública, las fuerzas del orden y la clase política y empresarial. Y es que la previsible proliferación de fiestas ilegales en Ibiza este verano obliga, más que nunca, a que todos los actores implicados redoblen sus esfuerzos para poner coto a eventos que suponen un riesgo no sólo para la salud pública, sino también para la recuperación económica de Ibiza y Formentera y a su imagen como destino seguro.

El domicilio es inviolable.
Las fiestas ilegales escapan al control que sí tienen las actividades económicas, cuyos límites están perfectamente regulados. También aquellas que se celebren en una vivienda turística vacacional, ya que el alquiler turístico de la misma no se considera actividad económica. Se trata de un asunto de capital importancia, ya que el domicilio es inviolable, salvo orden judicial o que se esté cometiendo un delito flagrante, como recoge el artículo 18.2 de nuestra Constitución, lo que supone que las Fuerzas de Seguridad no tienen permitida la entrada sin el consentimiento del titular.

Colaboración ciudadana.
El ejemplo de Lleida demuestra de que la posibilidad de un nuevo confinamiento no puede desdeñarse. El virus no ha desaparecido y sigue contagiando, aunque, afortunadamente, lo hace con menor virulencia. Ibiza no puede permitirse ser noticia de portada en Europa por brotes de contagios producidos en fiestas ilegales, porque desincentivará la llegada de turistas, y ni mucho menos, nuevos confinamientos cuyas consecuencias económicas serían devastadoras. Hay que apelar a la responsabilidad de todos aquellos que piensan participar en la organización de las fiestas ilegales, o acudir a ellas, y también, a la colaboración ciudadana para que informen a las policías de cualquier indicio de celebración.