Editorial

Negro futuro para los apartamentos Don Pepe

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La intervención del diputado ibicenco de Ciudadanos, Maxo Benalal, ayer en el Parlament desveló datos muy preocupantes sobre el futuro de los Apartamentos Don Pepe. Y es que, según destapó, los estudios preeliminares que maneja el Ayuntamiento de Sant Josep apuntan a que el edificio acabará siendo declarado «ruina urbanística», lo que supondría el desalojo de las algo menos de cien familias que todavía viven en él.

Una reforma millonaria.
Benanal también indicó que los servicios municipales han informado al Grupo de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Sant Josep que las obras de reforma costarán entre tres y cuatro millones de euros, una cantidad muy elevada que supondría un esfuerzo enorme a cada propietario de la comunidad. Éste, en cualquier caso, no es el principal problema. Con la legislación actual, estas obras no se pueden acometer, lo que supone el principal escollo al que se enfrentan los propietarios y, en consecuencia, también el Ayuntamiento de Sant Josep por el problema social que supondría para tantas familias del municipio. La solución al problema, por lo tanto, se complica con el paso de los días

Alternativas.
Los propietarios aún mantienen la esperanza de poder demostrar que uno de los dos bloques que se construyó sin licencia sí contó con autorización, pero que ésta ha desaparecido del expediente municipal. El Partido Popular ha anunciado la presentación de una enmienda durante la tramitación del decreto de medidas urgentes en el Parlament para favorecer su reforma. El conseller balear de Vivienda, Marc Pons, no se negó a dicha posibilidad, aunque advirtió de que hay normas de rango superior que podrían hacerla inútil, ya que el edificio está afectado por la Ley de Costas, está en la zona de influencia aeroportuaria y dentro del Parque Natural de ses Salines. Además, advirtió del riesgo que esta modificación permita la consolidación de edificios que no merecen ser rehabilitados. Pons apeló a la colaboración entre Ayuntamiento de Sant Josep, Consell d’Eivissa y Govern balear, lo que garantiza, de momento, la unidad de acción de todos los partidos para dar con la solución a un grave problema.