Ibiza15/07/20 4:01
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La guerra para impedir las fiestas ilegales por el elevado riesgo sanitario que comportan que impulsó el presidente del Consell d’Eivissa, Vicent Marí, está recogiendo el unánime apoyo, tanto de otras administraciones como de la iniciativa privada, lo que garantiza una mayor efectividad a la misma. La reacción del Govern balear, tal como hemos venido aplaudiendo en las páginas de este periódico, ha sido rápida y contundente. El decreto que recoge las sanciones fue aprobado en menos de una semana. Pocos días después, fue publicada la norma con los límites a las celebraciones familiares, 30 en espacios interiores y 70 en el exterior. Consell d’Eivissa y Govern han dejado de lado las diferencias políticas para remar en la misma dirección. La Delegación del Gobierno también ha anunciado la máxima implicación de los cuerpos policiales.

Labor de prevención.
Además de la imprescindible arquitectura jurídica, Consell y Govern están desarrollando una intensa actividad para dar a conocer el alcance de las medidas y la dureza de las sanciones, tanto a los que organizan como a los asistentes, con el claro objetivo de prevenir a la población del riesgo en el que incurren y evitar, de esta forma, la celebración de las mismas. Ambas líneas de trabajo, las sanciones y la concienciación, tienen la finalidad de disuadir.

Apoyo empresarial.
El Consell d’Eivissa envió una carta a las empresas de catering, músicos, organizadores de eventos, entre otros, para solicitar que no participaran en las fiestas ilegales. Fruto de la misiva, ayer, Vicent Marí se reunión con varias asociaciones de la Pimeef (restauración y viviendas turísticas) y con la del Ocio. Las dos entidades aseguraron, en un comunicado conjunto, su «rotundo» apoyo a la campaña antifiestas, exigieron medidas «contundentes» contras los infractores y se comprometieron a pedir a sus asociados que tengan especial vigilancia de determinados pedidos sospechosos. Es necesario que todo este esfuerzo también cuente con la especial atención de la Justicia para que, sin menoscabar los derechos y libertades, facilite las autorizaciones para entrar en los domicilios en los que se celebren fiestas.